La desafectación de los terrenos de la Cañada Real Galiana a su paso por los municipios de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid se encuentra a un paso de ser una realidad a falta de los últimos trámites parlamentarios, ya que está previsto que la Comisión de Medio Ambiente apruebe el dictamen de la ley este lunes, pese a que el texto 'popular' no cuenta con el visto bueno de PSOE e IU, que piden dar prioridad a la solución social.
Un año y medio después de que los 'populares' presentaran su propio proyecto de Ley para solventar la situación de la Cañada Real Galiana, parece que la norma va a ser aprobada en pleno a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, con las críticas de PSOE e IU a la inexistencia de un plan social para las personas que viven en la vía pecuaria.
Tanto PSOE como IU han reclamado a lo largo de estos años que la norma contemple una solución social para los habitantes de la zona, pero el texto original que los 'populares' presentaron el 1 de octubre de 2009 se centra, sobre todo, en la desafectación de los terrenos.
En concreto, el escrito dice que la vía queda desafectada a su paso por Coslada, Madrid y Rivas y pierde su condición de vía pecuaria "por no ser adecuada al tránsito ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios establecidos en la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid".
Los terrenos desafectados tendrán consideración de "bienes patrimoniales" de la Comunidad de Madrid y se regirán por lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid de 2001.
La Comunidad podrá enajenar los terrenos desafectados, cederlos a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentren o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad.
No obstante, para llevar a cabo estos negocios jurídicos será necesario que previamente las administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social y que los ayuntamientos después del acuerdo hayan adaptado la clasificación del suelo, en el plazo de dos años.
En concreto, las administraciones deben establecer las bases de colaboración y cooperación necesarias para tratar las cuestiones de índole social derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos que se desafectarán. "Transcurrido el plazo de dos años la Comunidad podrá realizar cualquiera de los negocios jurídicos previstos", añade el texto.
La enajenación de los terrenos se llevará a cabo sin que sea necesario informe del Patronato de la red de vías pecuarias, autorización de Consejo de Gobierno, ni comunicación a la Asamblea, y el uso de los terrenos tendrá que ajustarse a las normas y planes que aprueben los ayuntamientos en el ejercicio de sus potestades urbanísticas sin que la enajenación suponga en ningún caso la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos.
La Comunidad podrá acordar con los ayuntamientos la cesión de todo o parte de los terrenos desafectados en sus términos municipales y los ayuntamientos cesionarios podrán ejercitar sus competencias urbanísticas y de todo tipo en los terrenos cedidos pudiendo enajenarlos a favor de los ocupantes de acuerdo con los términos de la cesión.
Podrán hacer valor sus derechos ante las administraciones afectadas las personas físicas o jurídicas que ostenten título de propiedad sobre los terrenos de la Cañada desafectados en 1944 y 1974.
Además, la norma establece que los ayuntamientos deberán presentar un censo de fincas y ocupantes en los seis primeros meses tras la entrada en vigor de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda para que una zona del asentamiento, circunscrita al Parque Regional del Sureste, pueda seguir siendo núcleo urbano o convertirse en zona verde, dependiendo lo que finalmente determine el ordenamiento urbano del Ayuntamiento de Madrid.
Los terrenos afectados se sitúan en los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, y se encuentran dentro del término municipal de la capital. La enmienda se refiere al ámbito de la Cañada Real Galiana en toda la superficie de su trazado histórico.
La enmienda modifica el texto, concretamente en el apartado 1 del artículo 32 bis, ya que anteriormente no calificaba ese terreno en cuestión, para reconocerlo ahora como zona G.
ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN
Los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida quieren dar prioridad también a los aspectos sociales y medioambientales para solucionar el problema de los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana, y no sólo tratar la desafectación de los terrenos.
El PSOE, por su parte, aboga por recuperar de los terrenos de la Cañada y crear un corredor verde que una los municipios afectados por la vía, así como la reordenación de las zonas restantes.
En cuanto a la naturaleza de los terrenos, abogan por que sean bienes patrimoniales de la Comunidad para ser destinados "a usos y actividades de interés público o social previstos en la ley".
Asimismo, se oponen a la existencia de un plazo de dos años para dar una solución social de las personas que viven en la zona y quieren que la desafectación cuente con el informe del Patronato de la ley de Vías Pecuarias, algo que no establece como preceptivo el texto actual.
No obstante, una de las prioridades de los socialistas pasa por que antes de la desafectación se lleve a cabo un programa integral de actuación social desde las administraciones implicadas. En concreto, abogan por que el IRIS lleve a cabo el realojo de los habitantes de la Cañada, se agilicen los procesos urbanísticos derivados de la desafectación de la vía y se garantice la viabilidad financiera de la actuación.
Por su parte, IU propone que no haya un límite de dos años para que las administraciones lleguen a un acuerdo marco de contenido social de cara a los habitantes de la vía pecuaria.
De hecho, en otra de las enmiendas de la coalición de izquierdas insiste en el acuerdo en un plan de intervención social para resolver las cuestiones derivadas de la desafectación de la zona.
Además, se oponen a la manera que el PP propone para enajenar o los terrenos sin necesidad de informe del Patronato de Vías Pecuaria, Consejo de Gobierno ni Asamblea.
Fuente: Europa Press
Un año y medio después de que los 'populares' presentaran su propio proyecto de Ley para solventar la situación de la Cañada Real Galiana, parece que la norma va a ser aprobada en pleno a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, con las críticas de PSOE e IU a la inexistencia de un plan social para las personas que viven en la vía pecuaria.
Tanto PSOE como IU han reclamado a lo largo de estos años que la norma contemple una solución social para los habitantes de la zona, pero el texto original que los 'populares' presentaron el 1 de octubre de 2009 se centra, sobre todo, en la desafectación de los terrenos.
En concreto, el escrito dice que la vía queda desafectada a su paso por Coslada, Madrid y Rivas y pierde su condición de vía pecuaria "por no ser adecuada al tránsito ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios establecidos en la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid".
Los terrenos desafectados tendrán consideración de "bienes patrimoniales" de la Comunidad de Madrid y se regirán por lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid de 2001.
La Comunidad podrá enajenar los terrenos desafectados, cederlos a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentren o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad.
No obstante, para llevar a cabo estos negocios jurídicos será necesario que previamente las administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social y que los ayuntamientos después del acuerdo hayan adaptado la clasificación del suelo, en el plazo de dos años.
En concreto, las administraciones deben establecer las bases de colaboración y cooperación necesarias para tratar las cuestiones de índole social derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos que se desafectarán. "Transcurrido el plazo de dos años la Comunidad podrá realizar cualquiera de los negocios jurídicos previstos", añade el texto.
La enajenación de los terrenos se llevará a cabo sin que sea necesario informe del Patronato de la red de vías pecuarias, autorización de Consejo de Gobierno, ni comunicación a la Asamblea, y el uso de los terrenos tendrá que ajustarse a las normas y planes que aprueben los ayuntamientos en el ejercicio de sus potestades urbanísticas sin que la enajenación suponga en ningún caso la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos.
La Comunidad podrá acordar con los ayuntamientos la cesión de todo o parte de los terrenos desafectados en sus términos municipales y los ayuntamientos cesionarios podrán ejercitar sus competencias urbanísticas y de todo tipo en los terrenos cedidos pudiendo enajenarlos a favor de los ocupantes de acuerdo con los términos de la cesión.
Podrán hacer valor sus derechos ante las administraciones afectadas las personas físicas o jurídicas que ostenten título de propiedad sobre los terrenos de la Cañada desafectados en 1944 y 1974.
Además, la norma establece que los ayuntamientos deberán presentar un censo de fincas y ocupantes en los seis primeros meses tras la entrada en vigor de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda para que una zona del asentamiento, circunscrita al Parque Regional del Sureste, pueda seguir siendo núcleo urbano o convertirse en zona verde, dependiendo lo que finalmente determine el ordenamiento urbano del Ayuntamiento de Madrid.
Los terrenos afectados se sitúan en los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, y se encuentran dentro del término municipal de la capital. La enmienda se refiere al ámbito de la Cañada Real Galiana en toda la superficie de su trazado histórico.
La enmienda modifica el texto, concretamente en el apartado 1 del artículo 32 bis, ya que anteriormente no calificaba ese terreno en cuestión, para reconocerlo ahora como zona G.
ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN
Los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida quieren dar prioridad también a los aspectos sociales y medioambientales para solucionar el problema de los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana, y no sólo tratar la desafectación de los terrenos.
El PSOE, por su parte, aboga por recuperar de los terrenos de la Cañada y crear un corredor verde que una los municipios afectados por la vía, así como la reordenación de las zonas restantes.
En cuanto a la naturaleza de los terrenos, abogan por que sean bienes patrimoniales de la Comunidad para ser destinados "a usos y actividades de interés público o social previstos en la ley".
Asimismo, se oponen a la existencia de un plazo de dos años para dar una solución social de las personas que viven en la zona y quieren que la desafectación cuente con el informe del Patronato de la ley de Vías Pecuarias, algo que no establece como preceptivo el texto actual.
No obstante, una de las prioridades de los socialistas pasa por que antes de la desafectación se lleve a cabo un programa integral de actuación social desde las administraciones implicadas. En concreto, abogan por que el IRIS lleve a cabo el realojo de los habitantes de la Cañada, se agilicen los procesos urbanísticos derivados de la desafectación de la vía y se garantice la viabilidad financiera de la actuación.
Por su parte, IU propone que no haya un límite de dos años para que las administraciones lleguen a un acuerdo marco de contenido social de cara a los habitantes de la vía pecuaria.
De hecho, en otra de las enmiendas de la coalición de izquierdas insiste en el acuerdo en un plan de intervención social para resolver las cuestiones derivadas de la desafectación de la zona.
Además, se oponen a la manera que el PP propone para enajenar o los terrenos sin necesidad de informe del Patronato de Vías Pecuaria, Consejo de Gobierno ni Asamblea.
Fuente: Europa Press
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