Se sienten inseguros, indefensos y acorralados. Los vecinos de Covibar llevan seis años sufriendo directamente los problemas que conlleva vivir a tan sólo quinientos metros de La Cañada Real Galiana. Cansados de esperar una solución que no termina de llegar optaron como medida reivindicativa encerrarse durante dos días.
En el salón de actos de la Casa de las Asociaciones se vislumbra la otra cara de la 'realidad pecuaria'. "Queremos recuperar esta zona como un espacio verde y público abierto al disfrute de la ciudadanía", señala Pilar Rodríguez, portavoz de la Plataforma para el Saneamiento de La Cañada de Rivas. Sus ojos muestran el desaliento de quienes luchan para ser escuchados y no obtienen respuesta alguna. "Estamos siendo ignorados deliberadamente por Esperanza Aguirre porque le exigimos cumplir con sus obligaciones", explica Pilar.
La decisión del Partido Popular en la Asamblea de Madrid de establecer un sistema de comparecencias de cerca de cuarenta representantes de diferentes colectivos con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de aprobar la Ley del Suelo de la medieval vía pecuaria deja atónitos a los ripenses. "¿A nosotros quién nos escucha? También somos parte afectada", espetan los asistentes a esta convocatoria en la Casa de las Asociaciones. Y añaden que la Comunidad de Madrid "tiene que acordar con los ayuntamientos las medidas sociales necesarias para las personas que se encuentran en situación de exclusión social".
En el salón de actos de la Casa de las Asociaciones se vislumbra la otra cara de la 'realidad pecuaria'. "Queremos recuperar esta zona como un espacio verde y público abierto al disfrute de la ciudadanía", señala Pilar Rodríguez, portavoz de la Plataforma para el Saneamiento de La Cañada de Rivas. Sus ojos muestran el desaliento de quienes luchan para ser escuchados y no obtienen respuesta alguna. "Estamos siendo ignorados deliberadamente por Esperanza Aguirre porque le exigimos cumplir con sus obligaciones", explica Pilar.
La decisión del Partido Popular en la Asamblea de Madrid de establecer un sistema de comparecencias de cerca de cuarenta representantes de diferentes colectivos con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de aprobar la Ley del Suelo de la medieval vía pecuaria deja atónitos a los ripenses. "¿A nosotros quién nos escucha? También somos parte afectada", espetan los asistentes a esta convocatoria en la Casa de las Asociaciones. Y añaden que la Comunidad de Madrid "tiene que acordar con los ayuntamientos las medidas sociales necesarias para las personas que se encuentran en situación de exclusión social".
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AMENAZAS Y DELINCUENCIA
Desde 2004, fecha en que se crea esta Plataforma, los cerca de 18.000 vecinos que conforman el barrio de Covibar han ido viendo como los robos en casas y coches crecían en esta zona de Rivas. Ante esta situación, el Ayuntamiento aumentó el número de patrullas policiales. No sólo les preocupa este tipo de delitos, sino que la inseguridad que palpan a diario va más allá. "Un juez tuvo que poner una orden de alejamiento a una mujer residente en La Cañada durante seis meses. Estuve amenazada de muerte", explica una de las vecinas.
En julio de 2009 comenzaron las negociaciones entre los consistorios de Rivas, Coslada y Madrid para la aprobación de un texto que consiguiese resolver los conflictos de ocupación de terreno ilegal, medioambiental y social. El Gobierno local realizó un censo para conocer el número de personas asentadas en este camino trashumante. Registraron 303 unidades familiares. "Entre noventa y cien tienen riesgo de marginalidad. El resto son simplemente ocupantes ilegales", indica José Masa, alcalde ripense. Una ilegalidad que los portavoces de las asociaciones de los diferentes sectores que habitan en La Cañada niegan, ya que aseguran que pagan sus contribuciones y que llevan allí cuarenta años. Unos años que quieren que sean reconocidos como de pleno derecho. Sin embargo, en el año 1981 en el término municipal ripense apenas había tres casas con sus respectivos huertos en este descampado. "Nosotros estábamos antes. Ni son cuarenta mil personas ni llevan cuarenta años viviendo en La Cañada", afirma Rodríguez.
A pesar de la ilegalidad de construir en el suelo de La Cañada Real Galiana y de la posibilidad de ser derribadas las casas, siguen con sus obras de edificación. El paisaje de la medieval vía pecuaria es un claro de ejemplo de impacto ambiental. Donde antes había sólo arena, tierra y polvo, ahora se erigen no sólo chabolas, sino viviendas de hasta dos plantas y las antenas satélite y los aires acondicionados no faltan en las fachadas de estas casas asentadas en La Cañada.
NUEVO DERRIBO
Paralelamente al encierro de la Plataforma para el Saneamiento de La Cañada, los vecinos de la polémica vía pecuaria también se encerraban en una vivienda la pasada mañana del martes, 23 de marzo. El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid comenzó con la demolición de una nave industrial y dos cerramientos de parcelas deshabitadas, que contaba con la preceptiva autorización judicial, en el tramo que discurre por el distrito de Vicálvaro. Unos derribos que se enmarcan en el conjutno de medidas para el mantenimiento de la legalidad urbanística en este terreno, "hasta que se aborde una solución integral que permita afrontar la compleja situación de La Cañada Real Galiana", señalan desde el Consistorio de la capital. Desde de mayo de 2007 se han efectuado un total de 201 demoliciones.
A primera hora de la mañana, cerca de quince vecinos se encerraron en la casa colindante a la nave industrial para evitar su derribo. " El problema estaba en que ambos edificios están unidos por la misma estructura. El derribo supondría el tamaleamiento del otro, en el que actualmente vive un hombre de avanzada edad", explicó Lidia Resani, presidenta de la Asociación de La Cañada del sector IV. Finalmente se pudo proceder sin más problemas. Pero la policía municipal tuvo que detener a un hombre que salió de una casa cercana a la zona con una pistola en la mano. Los familiares instaron a los agentes a dejarle marchar, pero la Policía se lo llevó a comisaría.
Fuente: Gentedigital
Desde 2004, fecha en que se crea esta Plataforma, los cerca de 18.000 vecinos que conforman el barrio de Covibar han ido viendo como los robos en casas y coches crecían en esta zona de Rivas. Ante esta situación, el Ayuntamiento aumentó el número de patrullas policiales. No sólo les preocupa este tipo de delitos, sino que la inseguridad que palpan a diario va más allá. "Un juez tuvo que poner una orden de alejamiento a una mujer residente en La Cañada durante seis meses. Estuve amenazada de muerte", explica una de las vecinas.
En julio de 2009 comenzaron las negociaciones entre los consistorios de Rivas, Coslada y Madrid para la aprobación de un texto que consiguiese resolver los conflictos de ocupación de terreno ilegal, medioambiental y social. El Gobierno local realizó un censo para conocer el número de personas asentadas en este camino trashumante. Registraron 303 unidades familiares. "Entre noventa y cien tienen riesgo de marginalidad. El resto son simplemente ocupantes ilegales", indica José Masa, alcalde ripense. Una ilegalidad que los portavoces de las asociaciones de los diferentes sectores que habitan en La Cañada niegan, ya que aseguran que pagan sus contribuciones y que llevan allí cuarenta años. Unos años que quieren que sean reconocidos como de pleno derecho. Sin embargo, en el año 1981 en el término municipal ripense apenas había tres casas con sus respectivos huertos en este descampado. "Nosotros estábamos antes. Ni son cuarenta mil personas ni llevan cuarenta años viviendo en La Cañada", afirma Rodríguez.
A pesar de la ilegalidad de construir en el suelo de La Cañada Real Galiana y de la posibilidad de ser derribadas las casas, siguen con sus obras de edificación. El paisaje de la medieval vía pecuaria es un claro de ejemplo de impacto ambiental. Donde antes había sólo arena, tierra y polvo, ahora se erigen no sólo chabolas, sino viviendas de hasta dos plantas y las antenas satélite y los aires acondicionados no faltan en las fachadas de estas casas asentadas en La Cañada.
NUEVO DERRIBO
Paralelamente al encierro de la Plataforma para el Saneamiento de La Cañada, los vecinos de la polémica vía pecuaria también se encerraban en una vivienda la pasada mañana del martes, 23 de marzo. El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid comenzó con la demolición de una nave industrial y dos cerramientos de parcelas deshabitadas, que contaba con la preceptiva autorización judicial, en el tramo que discurre por el distrito de Vicálvaro. Unos derribos que se enmarcan en el conjutno de medidas para el mantenimiento de la legalidad urbanística en este terreno, "hasta que se aborde una solución integral que permita afrontar la compleja situación de La Cañada Real Galiana", señalan desde el Consistorio de la capital. Desde de mayo de 2007 se han efectuado un total de 201 demoliciones.
A primera hora de la mañana, cerca de quince vecinos se encerraron en la casa colindante a la nave industrial para evitar su derribo. " El problema estaba en que ambos edificios están unidos por la misma estructura. El derribo supondría el tamaleamiento del otro, en el que actualmente vive un hombre de avanzada edad", explicó Lidia Resani, presidenta de la Asociación de La Cañada del sector IV. Finalmente se pudo proceder sin más problemas. Pero la policía municipal tuvo que detener a un hombre que salió de una casa cercana a la zona con una pistola en la mano. Los familiares instaron a los agentes a dejarle marchar, pero la Policía se lo llevó a comisaría.
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