El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha advertido hoy de que está dispuesto a llevar al Tribunal Constitucional la Ley de la Cañada Real Galiana, si se aprueba en la Asamblea el próximo 10 de marzo sin consenso con los municipios afectados.
Así lo indica en un comunicado, en el que rechaza la "imposición de un texto que la Comunidad de Madrid no ha hablado con los ayuntamientos afectados y que se opone al espíritu del acuerdo de julio de 2009".
Según el alcalde de Rivas, José Masa (IU), el proyecto de ley aprobado ayer por la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Parlamento regional "vulnera los derechos de autonomía municipal".
"De una forma sorpresiva la Comunidad de Madrid ha forzado en los últimos días la aprobación del proyecto de Ley de la Cañada sin tener en cuenta a los ayuntamientos. Esperanza Aguirre ha jugado de nuevo con la confianza que teníamos puesta los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas respecto a que respetaría el consenso que habíamos alcanzado sobre este problema social", critica José Masa.
A su juicio, la desafectación del terreno "sólo debería producirse una vez que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos hayan solucionado el realojo de los habitantes de la Cañada que se hallen en situación de especial necesidad social", señala el alcalde, tras insistir en que la competencia de aplicar las políticas sociales es "exclusiva" de la Comunidad de Madrid.
"Así lo fija el Estatuto de Autonomía", añade, y denuncia que, pese a ello, "en el texto de la ley no se explicita que el IRIS, organismo regional responsable de realojos, asuma ningún papel en la búsqueda de una vivienda digna para las familias en estado de especial necesidad".
Tras asegurar que el Ayuntamiento de Rivas "ratificará en los tribunales ordinarios las denuncias que ya ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid", José Masa hace hincapié en que se plantea la "posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad, en el caso en que se aprobara la Ley de la Cañada en los términos anunciados, por vulnerar el principio de autonomía municipal".
También explica que Rivas-Vaciamadrid rechaza el "plazo de dos años a partir de los cuáles la Comunidad se arroga la capacidad de disponer libremente de los terrenos desafectados", ya que "el temor razonable que nos asalta a los ayuntamientos es que la Comunidad termine bloqueando el acuerdo social, pasen dos años y se nos transfiera a nosotros una responsabilidad que es sólo suya".
Por último, Masa considera "muy grave que el Gobierno de Esperanza Aguirre se autoexima de las competencias que posee en relación con la intervención social que debe tener lugar en el mayor foco de exclusión social de España" y renueva su compromiso de que el espacio "liberado" vuelva a ser un "zona verde protegida en la que no se podrá edificar".
Fuente: EFE
Así lo indica en un comunicado, en el que rechaza la "imposición de un texto que la Comunidad de Madrid no ha hablado con los ayuntamientos afectados y que se opone al espíritu del acuerdo de julio de 2009".
Según el alcalde de Rivas, José Masa (IU), el proyecto de ley aprobado ayer por la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Parlamento regional "vulnera los derechos de autonomía municipal".
"De una forma sorpresiva la Comunidad de Madrid ha forzado en los últimos días la aprobación del proyecto de Ley de la Cañada sin tener en cuenta a los ayuntamientos. Esperanza Aguirre ha jugado de nuevo con la confianza que teníamos puesta los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas respecto a que respetaría el consenso que habíamos alcanzado sobre este problema social", critica José Masa.
A su juicio, la desafectación del terreno "sólo debería producirse una vez que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos hayan solucionado el realojo de los habitantes de la Cañada que se hallen en situación de especial necesidad social", señala el alcalde, tras insistir en que la competencia de aplicar las políticas sociales es "exclusiva" de la Comunidad de Madrid.
"Así lo fija el Estatuto de Autonomía", añade, y denuncia que, pese a ello, "en el texto de la ley no se explicita que el IRIS, organismo regional responsable de realojos, asuma ningún papel en la búsqueda de una vivienda digna para las familias en estado de especial necesidad".
Tras asegurar que el Ayuntamiento de Rivas "ratificará en los tribunales ordinarios las denuncias que ya ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid", José Masa hace hincapié en que se plantea la "posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad, en el caso en que se aprobara la Ley de la Cañada en los términos anunciados, por vulnerar el principio de autonomía municipal".
También explica que Rivas-Vaciamadrid rechaza el "plazo de dos años a partir de los cuáles la Comunidad se arroga la capacidad de disponer libremente de los terrenos desafectados", ya que "el temor razonable que nos asalta a los ayuntamientos es que la Comunidad termine bloqueando el acuerdo social, pasen dos años y se nos transfiera a nosotros una responsabilidad que es sólo suya".
Por último, Masa considera "muy grave que el Gobierno de Esperanza Aguirre se autoexima de las competencias que posee en relación con la intervención social que debe tener lugar en el mayor foco de exclusión social de España" y renueva su compromiso de que el espacio "liberado" vuelva a ser un "zona verde protegida en la que no se podrá edificar".
Fuente: EFE
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