Los Ayuntamientos de Coslada , Madrid y Rivas Vaciamadrid han denunciado esta mañana el incumplimiento por la Comunidad del acuerdo alcanzado entre administraciones sobre el anteproyecto de Ley de la Cañada Real. Recuerdan a la Comunidad de Madrid que la simple desafectación no le permite eludir el ejercicio de sus competencias en materia social en la Cañada Real.
Asimismo, advierten a los potenciales compradores del suelo desafectado que no modificarán la clasificación del suelo, quedando éste como zona verde especialmente protegida. Además, solicitan a Aguirre que vuelva a convocar la Mesa de Negociación y que ofrezca garantías de que durante el trámite parlamentario se cumplirá lo acordado con la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos.
Este es esencialmente, el contenido de una nota conjunta pactada entre estos tres municipios tras acudir hoy al Consejo Económico y Social (CES) para estudiar el anteproyecto de ley de la Cañada Real Galiana.
Hay que recordar que la presidenta regional se comprometió en la Asamblea a elaborar esta norma junto con los ayuntamientos implicados. Ahora, la literalidad del texto no convence a los municipios, por lo que rechazan el documento y piden al Gobierno municipal nuevas reuniones.
Asimismo, advierten a los potenciales compradores del suelo desafectado que no modificarán la clasificación del suelo, quedando éste como zona verde especialmente protegida. Además, solicitan a Aguirre que vuelva a convocar la Mesa de Negociación y que ofrezca garantías de que durante el trámite parlamentario se cumplirá lo acordado con la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos.
Este es esencialmente, el contenido de una nota conjunta pactada entre estos tres municipios tras acudir hoy al Consejo Económico y Social (CES) para estudiar el anteproyecto de ley de la Cañada Real Galiana.
Hay que recordar que la presidenta regional se comprometió en la Asamblea a elaborar esta norma junto con los ayuntamientos implicados. Ahora, la literalidad del texto no convence a los municipios, por lo que rechazan el documento y piden al Gobierno municipal nuevas reuniones.
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Según denuncian, el nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo. A su entender, esta forma de desafectar, lejos de resolver agravará los problemas de pobreza y exclusión social, medioambientales, de inseguridad ciudadana y de ausencia de respeto al Estado de Derecho presentes en la Cañada Real.
"Esta es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público. Una ley que lejos de resolver el problema social y el de prevalencia del Estado de Derecho, favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda. Una minoría interesada en la compra del suelo que ha ocupado ilegalmente y que rechaza cualquier política de realojos de carácter social", precisan en la nota.
¿Qué denuncian?
A su entender, es una ley cuyo modelo consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas. Así sucede, entre otros, en aquellos suelos que se encuentran dentro del Parque Regional del Sureste, los cercanos al vertedero de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.
Creen que producirá una situación de parálisis prolongando indefinidamente la situación actual de deterioro de la Cañada Real. Asimismo, elevará los costes económicos que tengan que asumir en el futuro las administraciones municipales para poder solucionar el problema, pues se tendrá que negociar con los nuevos propietarios a los que venda el suelo la Comunidad de Madrid.
"Las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo. Se abrirá la puerta a que los clanes de la droga a través de personas interpuestas se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio. Finalmente, se incentivará la ocupación ilegal de otros bienes de dominio público en la Comunidad de Madrid", aclaran.
Finalmente, recuerdan a la Comunidad que se produzcan o no transmisiones de suelo, la Administración Autonómica seguirá manteniendo sus competencias en materia de servicios sociales, tal y como prevé el propio Estatuto de Autonomía y la Ley 11/2003, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, así como aquellas otras competencias en materia de Infraestructuras Supramunicipales y de Disciplina Urbanística.
Asimismo, dentro del sistema público de servicios sociales, existen otras disposiciones legales que atribuyen a la Comunidad de Madrid competencias que le obliga a intervenir en la Cañada Real en el ámbito social, como son las relativas a los derechos de la infancia y la adolescencia, la integración y promoción del pueblo gitano, así como aquellas otras derivadas de la creación de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, el Instituto de la Vivienda de Madrid y el Instituto de Realojamiento e Integración Social.
Fuente: El Mundo
"Esta es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público. Una ley que lejos de resolver el problema social y el de prevalencia del Estado de Derecho, favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda. Una minoría interesada en la compra del suelo que ha ocupado ilegalmente y que rechaza cualquier política de realojos de carácter social", precisan en la nota.
¿Qué denuncian?
A su entender, es una ley cuyo modelo consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas. Así sucede, entre otros, en aquellos suelos que se encuentran dentro del Parque Regional del Sureste, los cercanos al vertedero de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.
Creen que producirá una situación de parálisis prolongando indefinidamente la situación actual de deterioro de la Cañada Real. Asimismo, elevará los costes económicos que tengan que asumir en el futuro las administraciones municipales para poder solucionar el problema, pues se tendrá que negociar con los nuevos propietarios a los que venda el suelo la Comunidad de Madrid.
"Las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo. Se abrirá la puerta a que los clanes de la droga a través de personas interpuestas se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio. Finalmente, se incentivará la ocupación ilegal de otros bienes de dominio público en la Comunidad de Madrid", aclaran.
Finalmente, recuerdan a la Comunidad que se produzcan o no transmisiones de suelo, la Administración Autonómica seguirá manteniendo sus competencias en materia de servicios sociales, tal y como prevé el propio Estatuto de Autonomía y la Ley 11/2003, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, así como aquellas otras competencias en materia de Infraestructuras Supramunicipales y de Disciplina Urbanística.
Asimismo, dentro del sistema público de servicios sociales, existen otras disposiciones legales que atribuyen a la Comunidad de Madrid competencias que le obliga a intervenir en la Cañada Real en el ámbito social, como son las relativas a los derechos de la infancia y la adolescencia, la integración y promoción del pueblo gitano, así como aquellas otras derivadas de la creación de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, el Instituto de la Vivienda de Madrid y el Instituto de Realojamiento e Integración Social.
Fuente: El Mundo
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