El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy como proyecto de ley, para su remisión a la Asamblea, el mismo texto para la desafección y ordenación de la Cañada Real Galiana que ha sido rechazado por los ayuntamientos de la capital y de Rivas-Vaciamadrid, afectados por su aplicación.
Tras informar de este acuerdo en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha defendido la necesidad de que exista un plazo máximo, establecido en dos años, para realizar los programas previos a la desafección de un tramo de 14,2 kilómetros de longitud de la antigua vía pecuaria.
González ha asegurado que "siempre ha habido en la Ley y en las conversaciones un plazo para poner en marcha este proceso" y ha sostenido que "lo que no tiene sentido es que no exista un plazo, porque eso es garantía casi segura de que el problema se puede eternizar".
El ejecutivo regional considera, ha dicho, que dos años es un plazo "suficientemente razonable y disuasorio para conseguir que todas las tareas que hay que acometer con carácter previo se hagan y, de alguna manera, incitar a todas las administraciones a que se pongan a trabajar".
Tras informar de este acuerdo en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha defendido la necesidad de que exista un plazo máximo, establecido en dos años, para realizar los programas previos a la desafección de un tramo de 14,2 kilómetros de longitud de la antigua vía pecuaria.
González ha asegurado que "siempre ha habido en la Ley y en las conversaciones un plazo para poner en marcha este proceso" y ha sostenido que "lo que no tiene sentido es que no exista un plazo, porque eso es garantía casi segura de que el problema se puede eternizar".
El ejecutivo regional considera, ha dicho, que dos años es un plazo "suficientemente razonable y disuasorio para conseguir que todas las tareas que hay que acometer con carácter previo se hagan y, de alguna manera, incitar a todas las administraciones a que se pongan a trabajar".
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De hecho, ha recordado, el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid ha manifestado en su informe, aprobado por unanimidad el pasado día 22, que "le parece bien la existencia del plazo e incluso dice que si fuera necesario para solucionar el problema, terminar de pulir algunos aspectos, se pueda prorrogar un poco".
El portavoz del Gobierno autonómico ha afirmado que "la negociación con los Ayuntamientos y con las partes ha existido y sigue existiendo", ha indicado que durante ese trabajo previo "se han introducido algunas modificaciones" y ha explicado que "el proceso de consenso sigue, pero a través de un texto concreto que es objeto de tramitación a lo largo de los próximos meses" en la Asamblea.
En este sentido ha declarado que el proyecto de ley está "sujeto a la sugerencias y enmiendas que puedan plantear los grupos políticos o estos ayuntamientos a través de los distintos grupos políticos".
Los ayuntamientos de Madrid y Rivas han protestado, y han dicho sentirse "engañados" por la Comunidad, porque el ejecutivo autonómico ha introducido un punto cuarto al artículo 3 del proyecto que según ellos permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin acuerdo social previo, es decir, sin una solución a los realojos de los habitantes de la Cañada que puedan tener derecho a ello.
Eso, según dijo la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, "puede parecer inocuo" pero en realidad "agrava el problema de ocupación ilegal de un bien de dominio público" y puede "asentar" en la Cañada Real actividades ilegales como la venta de drogas.
En su informe, el CES de la Comunidad de Madrid recoge una recomendación general que subraya que el consenso es la base política para tener la oportunidad de resolver un problema "complejo" y "con unas raíces históricas muy profundas".
El proyecto de ley aprobado hoy para su remisión a la Asamblea trata de ordenar una situación de construcciones ilegales, problemas sociales y orden público que se remonta unos 50 años atrás, cuando esta vía pecuaria comenzó a llenarse de edificios de todo tipo en los que hoy podrían vivir entre 14.000 y 40.000 personas.
Lo que establece es la desafección de los terrenos de la Cañada, tras alcanzarse "un acuerdo social" sobre las personas que viven allí, y la enajenación, cesión o permuta de los terrenos, cuyo destino decidirán los ayuntamientos afectados -Madrid, Rivas y Coslada.
Fuente: EFE
El portavoz del Gobierno autonómico ha afirmado que "la negociación con los Ayuntamientos y con las partes ha existido y sigue existiendo", ha indicado que durante ese trabajo previo "se han introducido algunas modificaciones" y ha explicado que "el proceso de consenso sigue, pero a través de un texto concreto que es objeto de tramitación a lo largo de los próximos meses" en la Asamblea.
En este sentido ha declarado que el proyecto de ley está "sujeto a la sugerencias y enmiendas que puedan plantear los grupos políticos o estos ayuntamientos a través de los distintos grupos políticos".
Los ayuntamientos de Madrid y Rivas han protestado, y han dicho sentirse "engañados" por la Comunidad, porque el ejecutivo autonómico ha introducido un punto cuarto al artículo 3 del proyecto que según ellos permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin acuerdo social previo, es decir, sin una solución a los realojos de los habitantes de la Cañada que puedan tener derecho a ello.
Eso, según dijo la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, "puede parecer inocuo" pero en realidad "agrava el problema de ocupación ilegal de un bien de dominio público" y puede "asentar" en la Cañada Real actividades ilegales como la venta de drogas.
En su informe, el CES de la Comunidad de Madrid recoge una recomendación general que subraya que el consenso es la base política para tener la oportunidad de resolver un problema "complejo" y "con unas raíces históricas muy profundas".
El proyecto de ley aprobado hoy para su remisión a la Asamblea trata de ordenar una situación de construcciones ilegales, problemas sociales y orden público que se remonta unos 50 años atrás, cuando esta vía pecuaria comenzó a llenarse de edificios de todo tipo en los que hoy podrían vivir entre 14.000 y 40.000 personas.
Lo que establece es la desafección de los terrenos de la Cañada, tras alcanzarse "un acuerdo social" sobre las personas que viven allí, y la enajenación, cesión o permuta de los terrenos, cuyo destino decidirán los ayuntamientos afectados -Madrid, Rivas y Coslada.
Fuente: EFE
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