La Comunidad tramitó en el primer trimestre del año 3.606 solicitudes de arbitraje, un 30% más que el año pasado

La Comunidad de Madrid tramitó en el primer trimestre del año un total de 3.606 solicitudes de arbitraje a través de la Dirección General de Consumo, lo que supone un 30 por ciento más que el mismo periodo del año pasado, según informó hoy el Gobierno regional.

Así, las telecomunicaciones centraron la mayor parte de las quejas, con 2.853 solicitudes (71,12 por ciento), mientras que el resto se repartió en distintos ámbitos de actividad y sectores como tintorerías, instaladores de gas, talleres de reparación de automóviles, compra de coches, compra de muebles, adquisición de vivienda y servicios de asistencia técnica.

Los problemas más denunciados en el sector de las telecomunicaciones se refirieron, principalmente, a facturación errónea, dificultades en las bajas y ofertas engañosas, según reflejan los datos del Colegio Arbitral de Telecomunicaciones, único colegio centrado en este sector abierto por una comunidad autónoma.

Para avanzar en la difusión del sistema arbitral entre los madrileños, la Junta Regional de Arbitraje de Consumo cuenta con seis colegios territoriales. En este sentido, la Comunidad acaba de autorizar la constitución de uno en Alcorcón, que se suma a los ya existentes en Collado Villalba, Galapagar, Móstoles, Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares.


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RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

En el primer semestre del año, un total de 576 solicitudes de arbitraje han sido resueltas a través de mediación con resoluciones amistosas, y el resto da lugar a la constitución de un tribunal con representación de asociaciones de consumidores y empresarios en el que reclamante y reclamado exponen sus posturas. Hasta la fecha ya se han dictado 1.127 laudos.

El tribunal estudia el caso y emite un laudo, de obligado cumplimiento para las partes. Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia. En el arbitraje de consumo participan las asociaciones de consumidores y de empresarios, que acuden a las vistas arbitrales como vocales para ayudar al tribunal a tomar sus decisiones en equidad y realizan acciones de promoción del sistema.

Fuente: Europa Press



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