La Comunidad quiere un acuerdo entre las Administraciones antes de iniciar la desafectación de la Cañada Real



Los residentes en Cañada Real tienen seis meses para demostrar la propiedad de la vivienda que ocupaban. Sólo aquellos que tengan sus títulos, podrán hacer valer sus derechos. Gallardón afirma que "no se puede hablar de derecho de propiedad" en Cañada Real. La Comunidad apela a la corresponsabilidad de las Administraciones para ordenar la solución de un problema.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, afirmó este jueves, respecto a la desafectación de los terrenos de la Cañada Real Galiana a su paso por la capital, Coslada y Rivas-Vaciamadrid, que antes es necesario que se llegue a un "acuerdo social" entre todas las administraciones afectadas.


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Tras explicar que informó en el Consejo de Gobierno de las actuaciones de su departamento en el acuerdo alcanzado con los municipios afectados para tratar de solucionar los problemas de todo tipo de esa zona, dijo que los Ayuntamientos decidirán el destino de los suelos que serán desafectados.

Indicó que con el anteproyecto de ley que recogerá la desafectación como dominio público de la Cañada Real Galiana, "pretendemos regular la situación actual" de la Cañada y "tutelar las posibles soluciones". Afirmó que el "principal problema" de la Cañada son los asentamientos ilegales" y reiteró que la futura ley "intenta ordenar la situación de la zona, dejando claro que cada administración tendrá que asumir sus responsabilidades sociales y económicas y de seguridad".

Ha dicho también que las administraciones públicas con las que se está dialogando para elaborar esta ley se han comprometido a "asumir la responsabilidad que le corresponde" a cada una en materia social económica y de seguridad ciudadana y que todas están de acuerdo en que los terrenos de la Cañada Real han de ser desafectados porque ahora el paso de ganado por este lugar "es inexistente" y "no tiene cabida" en esta zona de la Comunidad.

Mariño se mostró abierta a enmiendas de la oposición, durante el trámite parlamentario del citado proyecto de ley, aunque criticó al PSM por "intentar adelantarse con la presentación de una propuesta cuando conocían lo que estábamos negociando.

RUIZ GALLARDÓN: NO SE PUEDE HABLAR DE DERECHOS DE PROPIEDAD SINO DE OCUPACIÓN

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que "no se puede hablar de derecho de propiedad" de las personas que viven en terrenos de la Cañada Real sino de una "ocupación", por lo que la administración actuará igual que cuando ha desmantelado núcleos de infraviviendas En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, el alcalde ha declarado que "estamos hablando de un suelo que hoy tiene una condición de dominio público y que, como consecuencia de la desafectación, va a pasar a ser un suelo patrimonial titularidad de la Comunidad de Madrid".

"Sobre un suelo de dominio público no se pueden generar ningún tipo de derechos de propiedad, absolutamente ninguno", ha subrayado el alcalde, que ha precisado que estaba hablando del tramo de la Cañada que discurre por el municipio de Madrid.

Desde un punto de vista legal ha aclarado que, además de que "no se hubiese podido hacer por ley", no ha habido "jamás" un acto de enajenación por parte del titular del suelo, que es la Comunidad de Madrid y antes la Diputación Provincial, y la legislación no reconoce ningún derecho de adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo.

SITUACIONES INDIVIDUALES

A su juicio, lo que hay que hacer "es tratar la situación de cada una de las personas que estén allí, pero por el hecho de que estén, no por el hecho de que tengan un título de propiedad que en ningún caso puede existir", puesto que "lo que ocurre aquí es que hay una realidad social y es que hay una ocupación".

Ruiz-Gallardón ha manifestado que "no es lo mismo" quien vive en una vivienda habitual, "que dará derecho a un realojo por parte de los organismos competentes", que quien ocupa un espacio "únicamente para una actividad distinta de la de vivienda, da igual que sea lucrativa o recreativa, que no genera el derecho establecido en nuestra legislación para tener acceso a alguna vivienda pública".

Para los primeros, ha recordado, será necesario además "cumplir las condiciones para tener acceso a una vivienda pública de realojo, es decir, carecer de los recursos económicos suficientes para poder adquirir una vivienda, de acuerdo con sus ingresos y su patrimonio". "Esto lo hemos hecho exactamente igual en todos los poblados de infraviviendas y así es como lo vamos a hacer", ha puntualizado.

CUATRO ZONAS DIFERENTES

Aunque no ha profundizado en los planes del Ayuntamiento para esa zona, que quizá amplíe la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, en la comparecencia a petición propia que ha solicitado para el próximo Pleno sobre este asunto, ha afirmado que en el tramo madrileño de la Cañada hay cuatro zonas diferentes en las que se actuará de forma distinta. Por ejemplo, en el tramo que transcurre cerca del Parque Tecnológico de Valdemingómez no se autorizarán más que elementos vinculados a la actividad que ya se realiza allí.

Sí ha dicho que la ordenación urbanística que apruebe el Ayuntamiento no afectará sólo al suelo de la Cañada sino a los terrenos "colindantes", para dotar al conjunto de una unidad. Ha destacado además, por encima de lo urbanístico, la intervención social que tendrán que realizar las administraciones públicas, "que es lo más trascendente", y que a su juicio debe tener carácter previo a cualquier enajenación que realice la Comunidad.

Fuente: Telemadrid




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