El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció hoy que el nuevo anteproyecto de ley sobre la Cañada Real Galiana contempla que las administraciones implicadas en el acuerdo para buscar una solución tendrán, como máximo, un plazo de dos años para alcanzar un acuerdo social entre todos, incluidos los vecinos, para posteriormente llegar a otro acuerdo sobre la ordenación urbanística, que ya será competencia exclusiva municipal.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que aprobó hoy remitir al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid el anteproyecto de ley, el portavoz del Ejecutivo madrileño explicó que el proyecto normativo establece que este acuerdo social deberá ser alcanzado entre los ayuntamientos afectados (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), la Comunidad y con participación de las entidades y personas afectadas por este acuerdo de la Cañada.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que aprobó hoy remitir al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid el anteproyecto de ley, el portavoz del Ejecutivo madrileño explicó que el proyecto normativo establece que este acuerdo social deberá ser alcanzado entre los ayuntamientos afectados (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), la Comunidad y con participación de las entidades y personas afectadas por este acuerdo de la Cañada.
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"El objetivo es que en estos dos años se haga un acuerdo social y éste vaya seguido también de un acuerdo sobre la ordenación urbanística de los suelos, que deberán en su caso aprobar los ayuntamientos en el marco de sus propias competencias", añadió el vicepresidente, quien recordó que este anteproyecto es un compromiso asumido por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, "como paso necesario para abordar la problemática que a lo largo de los últimos 40 ó 50 años se han ido generando en esta zona".
Hasta ahora, cuando a la Comunidad de Madrid se le preguntaba sobre cuánto tiempo podía durar el proceso en la Cañada se hablaba de que iba a ser "largo" pero no había plazos concretados salvo el de los seis meses que tendrán los ayuntamientos, una vez entrada en vigor la ley, para poder elaborar un censo de la población que habita en la zona y conocer "la realidad" de los que allí están.
El eje central del proyecto de ley consiste en la desafectación del dominio público de la vía pecuaria que dejará de serlo para pasar a ser un bien patrimonial, y por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid, que a partir de entonces podrá disponer sobre esa propiedad y "cederla, donarla y enajenarla, bien a los ayuntamientos o a terceros, de acuerdo a los distintos trámites que posteriormente se vengan a realizar", apuntó González.
Transcurridos los dos años de plazo máximo, aunque como indicó González, el acuerdo social se puede alcanzar antes, la Comunidad procederá a enajenar los terrenos afectados por la desafectación. No obstante, esto sólo se hará cuando se haya encontrado una solución para ver qué es lo que se hace con los problemas de seguridad que hay en la zona, donde entra el Gobierno central a través de la Delegación de Gobierno, y con la gente que vive allí, incluidos los asentamientos ilegales.
Hasta ahora, cuando a la Comunidad de Madrid se le preguntaba sobre cuánto tiempo podía durar el proceso en la Cañada se hablaba de que iba a ser "largo" pero no había plazos concretados salvo el de los seis meses que tendrán los ayuntamientos, una vez entrada en vigor la ley, para poder elaborar un censo de la población que habita en la zona y conocer "la realidad" de los que allí están.
El eje central del proyecto de ley consiste en la desafectación del dominio público de la vía pecuaria que dejará de serlo para pasar a ser un bien patrimonial, y por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid, que a partir de entonces podrá disponer sobre esa propiedad y "cederla, donarla y enajenarla, bien a los ayuntamientos o a terceros, de acuerdo a los distintos trámites que posteriormente se vengan a realizar", apuntó González.
Transcurridos los dos años de plazo máximo, aunque como indicó González, el acuerdo social se puede alcanzar antes, la Comunidad procederá a enajenar los terrenos afectados por la desafectación. No obstante, esto sólo se hará cuando se haya encontrado una solución para ver qué es lo que se hace con los problemas de seguridad que hay en la zona, donde entra el Gobierno central a través de la Delegación de Gobierno, y con la gente que vive allí, incluidos los asentamientos ilegales.
Fuente: Europa Press
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